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Los propietarios, sin poder aplicarse deducciones fiscales de la Ley de Vivienda hasta 2024

Las bonificaciones entrarán en vigor el próximo 1 de enero, por lo que se incluirán en la declaración de la Renta que se presente un año después

tras meses de negociaciones en el seno del Gobierno de coalición, una lluvia de críticas por parte del sector y un rechazo por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a muchas de las medidas que propone el texto, como el control del alquiler. 

A pesar de todo, el Ejecutivo espera que la normativa entre en vigor como muy tarde en el tercer trimestre del año, para dar cumplimiento a lo pactado con Bruselas en el marco de los fondos europeos ‘Next Generation’. Sin embargo, muchas medidas tardarán en tener un efecto real en el mercado.

Más allá de la puesta en marcha del índice de precios que permita controlar las rentas del alquiler en zonas tensionadas, para lo que el Gobierno se ha dado un plazo máximo de 18 meses desde que el texto reciba luz verde en las Cortes, habrá retrasos en la aplicación práctica de las bonificaciones fiscales que van dirigidas a los pequeños propietarios. De hecho, esos incentivos no tendrán un efecto real hasta 2024... en el mejor de los casos.

El motivo, como explican desde el Ministerio de Movilidad, Transportes y Agenda Urbana (Mitma), es que la entrada en vigor de las deducciones fiscales se produciría el 1 de enero del año siguiente a la aprobación de la ley, ya que está ligada a lo que califican como “el calendario administrativo”. Es decir, aunque la normativa entre en vigor en los plazos previstos (a lo largo del tercer trimestre como tarde), las deducciones fiscales empezarían a aplicarse ya en 2023.

Pero su efecto real en el bolsillo de los contribuyentes (los pequeños propietarios en este caso) se retrasaría hasta 2024, ya que será en la declaración de la Renta que se presente ese año cuando se reflejen las deducciones fiscales vinculadas al ejercicio fiscal anterior. 

En este escenario están, por ejemplo, la reducción general del 50% que se podrán aplicar los arrendadores sobre la base imponible de los rendimientos netos del alquiler de vivienda en los nuevos contratos (10 puntos menos respecto a la bonificación que existe actualmente) o a la reducción del 60% si ha realizado en los dos años anteriores obras de rehabilitación del inmueble objeto del arrendamiento.  

Estos son solo dos de los incentivos aplicables en el IRPF incluidos en la disposición final segunda, que también detalla que el porcentaje de reducción “podrá incrementarse hasta el 90%, en el caso de que se firmen nuevos contratos de arrendamiento de vivienda en zonas de mercado residencial tensionado con una reducción de al menos un 5% sobre el contrato anterior. La reducción podrá alcanzar el 70% cuando se trate de la incorporación al mercado de viviendas destinadas al alquiler en zonas de mercado residencial tensionado y se alquilen a jóvenes de entre 18 y 35 años en dichas áreas, o bien, se trate de vivienda asequible incentivada o protegida, arrendada a la administración pública o entidades del tercer sector, o acogida a algún programa público de vivienda que limite la renta del alquiler”.

Según refleja el artículo 18 del texto normativo, “en el último trimestre de cada año natural, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana aprobará una resolución que recoja la relación de zonas de mercado residencial tensionado que hayan sido declaradas en virtud del procedimiento establecido en este artículo”. Así, para que una autonomía pueda declarar una zona tensionada, primero debe contar con una resolución oficial.Pero en estos últimos dos casos, precisamente los que establecen las máximas bonificaciones, la aplicación práctica podría retrasarse incluso un año más. La razón es que tanto la reducción del 70% como del 90% están supeditadas a los alquileres en zonas tensionadas. Y para que sea considerada como tal, la comunidad autónoma primero debe justificar que existe tal situación y el Ministerio liderado por Raquel Sánchez debe certificarlo después.

Por tanto, si tenemos en cuenta que el índice de precios probablemente no llegará hasta 2023 y que las resoluciones del Ministerio sobre las zonas tensionadas se conocerán en cada último trimestre del año, estas bonificaciones fiscales para los pequeños propietarios no se activarían al menos hasta el 1 de enero de 2024, por lo que no tendrían efectos reales hasta 2025... Si el resultado de las próximas elecciones lo permite. 

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Publicado en Impuestos

La casa aportada a la sociedad de gananciales, exenta de tributar en el ITP o en Donaciones

El Tribunal Supremo ha vuelto a inclinar la balanza a favor de los ciudadanos. Ha declarado que la aportación de una vivienda propiedad de uno de los cónyuges al régimen de gananciales está exenta de tributar en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) o en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISyD). De este modo el Alto Tribunal permite un importe ahorro fiscal a la familia y abre la puerta a solicitar la devolución de ingresos indebidos.

Hasta la fecha, la aportación gratuita de un inmueble privativo a la sociedad de gananciales (por ejemplo, la vivienda que era propiedad de uno de los cónyuges) tributaba en el ISyD porque se consideraba una donación. El criterio de la Dirección General de Tributos es que esta cesión gratuita pague el impuesto de Donaciones. Y en este caso, el que debía pagar es la persona que recibe el inmueble, siendo la base imponible el 50% del valor de la propiedad.

Pero el Supremo ha resuelto ya este caso. Mediante Auto de 5-12-2019 (tras recurso interpuesto por el Gobierno de Cantabria), el Tribunal Supremo consideró que era necesario, por tener interés casacional, “Determinar si en el caso de aportación sin contraprestación por un cónyuge de un bien privativo a su sociedad conyugal, tal transmisión se encuentra sujeta al ISD o, por el contrario, al ITPAJD y, en el primer caso, si el sujeto pasivo es la sociedad de gananciales o el otro cónyuge”

Ahora, en la sentencia del pasado 3 de marzo de este año el Alto Tribunal ha resuelto definitivamente esta cuestión, al considerar que las aportaciones de inmuebles al régimen de gananciales no tributan ni en el Impuesto de Donaciones ni en el ITP. ¿Y por qué? Porque el Supremo considera que la sociedad de gananciales “constituye un patrimonio separado distinto del patrimonio privativo de cada uno de los cónyuges, y que funciona como un régimen de comunidad de adquisiciones. Por ello, cuando, se produce una aportación de un bien a favor de la sociedad de gananciales, no se produce la copropiedad del bien entre los cónyuges sobre una cuota determinada, no existe un proindiviso, sino que ambos cónyuges son titulares del total”.

José María Salcedo, socio del despacho Ático Jurídico, subraya que todo esto lleva al Supremo a concluir que no es un negocio entre los cónyuges y que la vivienda aportada a la sociedad de gananciales no pasa a ser copropiedad de ambos cónyuges. Por tanto, la aportación de un inmueble se hace a favor de la propia sociedad de gananciales, como patrimonio separado e independiente del de los cónyuges.

Una operación exenta de pagar el Impuesto de Donaciones

Con esta consideración del Supremo, resulta imposible gravar esta donación en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones porque el sujeto pasivo no es una persona física, sino una persona jurídica, que es la sociedad de gananciales.

“A pesar de que estemos ante una transmisión a título gratuito, no puede haber gravamen en el Impuesto de Donaciones. Y ello, como se ha visto, por ser la beneficiaria de la donación la sociedad de gananciales, y no estar prevista en la ley de dicho impuesto la tributación de donaciones realizadas en favor de personas jurídicas”, señala Salcedo.

Tampoco hay que pagar el ITP

La aportación gratuita de una vivienda al régimen de gananciales también se escapa del pago del ITP porque este impuesto lo que grava son las transmisiones onerosas y en este caso se trata de una transmisión gratuita.

Con todo, se trata de una doctrina casacional del Supremo muy favorable para los contribuyentes. “La aportación a título gratuito por un cónyuge de un bien privativo a su sociedad de gananciales no se encuentra sujeta al ITPAJD, ni puede ser sometida a gravamen por el Impuesto sobre Donaciones la sociedad de gananciales, como patrimonio separado, en tanto que sólo puede serlo las personas físicas y aquellas instituciones o entes que especialmente se prevea legalmente, sin que exista norma al efecto respecto de la sociedades de gananciales, y sin que quepa confundir la operación que nos ocupa, en la que el beneficiario es la sociedad de gananciales, con la aportación a título gratuito por un cónyuge de un bien privativo a favor del otro cónyuge”, subraya el Supremo.

Cómo afecta este criterio a los contribuyentes

José María Salcedo apunta que este criterio supone una considerable reducción de la fiscalidad ya que antes había que pagar el Impuesto sobre Donaciones y al no preverse ni reducciones ni bonificaciones el coste era elevado.

Además, el abogado de Ático Jurídico recuerda que la sentencia abre la puerta a que todos aquellos contribuyentes que, en los últimos años, tributaron en el Impuesto sobre Donaciones por la aportación gratuita de bienes a la sociedad de gananciales, puedan recuperar lo pagado. Y ello, solicitando la rectificación de la autoliquidación presentada, y la devolución de ingresos indebidos. Podrán hacerlo cuando no hayan transcurrido más de cuatro años desde el último día de plazo que hubo para presentar la autoliquidación del Impuesto de Donaciones.

(Fuente idealista.com)

Publicado en Impuestos