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Los anuncios de viviendas en alquiler tendrán que incluir nuevos datos desde octubre

El Real Decreto-ley 29/2026 fija nuevos requisitos de información para quienes ofrecen una vivienda en alquiler

Entre las medidas que introduce el Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre, también encontramos nuevas reglas que afectan directamente a la publicidad, promoción y oferta de arrendamientos de viviendas.

Desde el 8 de octubre, los anuncios no podrán omitir ni distorsionar información que pueda inducir a error a los posibles inquilinos sobre el inmueble o las condiciones del contrato. La norma va más allá de una obligación general, ya que enumera los datos que deben aparecer en determinados supuestos.

Información que debe incluir la publicidad de los alquileres

El artículo 20.2 establece los contenidos mínimos que debe incorporar cada anuncio. Uno de ellos es el índice de referencia del precio del alquiler, que tendrá que incluirse cuando el inmueble se encuentre en una zona de mercado residencial tensionado.

También debe figurar el límite de renta aplicable en los ámbitos sujetos a limitaciones legales. En estos casos, deberán indicarse además la normativa y parámetros que determinan ese límite. Entre ellos puede encontrarse, por ejemplo, la renta del último contrato de alquiler de vivienda habitual vigente en los cinco años anteriores (artículo 17.6 de la Ley de Arrendamientos Urbanos).

El artículo contempla asimismo la inclusión, cuando proceda, del número o título identificativo de la unidad arrendada, como los códigos alfanuméricos relativos a las viviendas de uso turístico.

Por último, tendrá que indicarse la condición de gran tenedor cuando resulte aplicable. Por supuesto, esta exigencia no obliga al arrendador a detallar cuántos inmuebles tiene en propiedad ni a publicar sus datos personales.

Veracidad y transparencia en la publicidad de los alquileres

Estas obligaciones se suman a la regla general de transparencia que introduce el real decreto-ley para la publicidad de los alquileres, ya que no se limita a una serie de datos que deban aparecer en los anuncios. El artículo 20.1 exige que toda publicidad, promoción u oferta de arrendamientos de viviendas respete los principios de veracidad y transparencia.

Como hemos mencionado, también prohíbe la omisión o distorsión de información relevante cuando pueda inducir a error a los destinatarios, lo que obliga a prestar especial atención no solo a los datos, sino también a la forma en que se presenta el inmueble y las condiciones del arrendamiento.

¿Qué deben tener en cuenta los propietarios antes de anunciarse?

Aparentemente, el RDL 29/2026 viene a trasladar a los arrendadores particulares las obligaciones que trajo la modificación del artículo 20 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que exige a los profesionales una referencia expresa a la normativa limitativa de precios y a los parámetros utilizados para la fijación de la renta.

Esta normativa, como ya explicamos, solo regula las relaciones entre consumidores o usuarios y empresarios (artículo 2), de modo que el real decreto-ley impone deberes de información similares a todos los arrendadores que decidan anunciar sus inmuebles.

Por este motivo, la comunicación de determinados datos, como la condición de gran tenedor o la renta del contrato anterior, dependerá de la información facilitada por el anunciante, ya que las plataformas como idealista no tienen acceso a la información necesaria para comprobar estos extremos, siendo responsabilidad del arrendador proporcionar dichos datos.

(fuente idealista.com Jesús Prieto (Colaborador de idealista news) 8 Octubre 2026, 8:59

IBI y tasa de basuras: así cambia lo que paga el inquilino con el nuevo decreto de vivienda

El Real Decreto-ley 29/2026 modifica las reglas sobre los tributos, gastos y tasas que pueden repercutirse al arrendatario en los nuevos contratos

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El Real Decreto-ley 29/2026 también ha modificado la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) en cuanto a las reglas sobre determinados gastos que pueden trasladarse al inquilino. La modificación del artículo 20 impide que el arrendador imponga tributos asociados a la vivienda cuando la parte arrendataria no tenga la condición de obligado tributario.

Pero la reforma no termina ahí. En las zonas de mercado residencial tensionado, la nueva redacción del artículo 17 introduce límites para evitar que ciertos gastos, impuestos o tasas aparezcan por primera vez en un nuevo contrato o sirvan para superar indirectamente los límites de renta.

La pregunta, por tanto, ya no es simplemente quién paga el recibo. Hay que comprobar qué tributo es, quién tiene la condición de obligado, cuándo se firmó el contrato y si la vivienda se encuentra en una zona tensionada.

¿Puede el propietario cobrar el IBI al arrendatario?

En los nuevos contratos, el propietario no podrá repercutir el IBI. Hasta ahora, el artículo 20.1 permitía acordar que determinados tributos fueran a cargo del inquilino, pero ese régimen cambia con el Real Decreto-ley 29/2026.

La modificación mantiene la posibilidad de pactar determinados gastos generales, servicios, cargas y responsabilidades, pero establece una regla específica: al no tener el arrendatario la condición de sujeto pasivo del impuesto, el propietario no puede introducir una cláusula que obligue al inquilino a asumir los recibos.

La situación difiere de la que existía hasta ahora, pues con la anterior regulación, el Tribunal Supremo incluso avaló la repercusión del IBI y de la tasa de basuras cuando así constase en el contrato y aun cuando no se hubiera precisado su importe anual, mientras estuvieran individualizados para esa vivienda.

¿Se puede repercutir la tasa de basuras al arrendatario tras la reforma?

A diferencia de lo que sucede con el IBI, la situación de la tasa de basuras no cambia y podrá seguir repercutiéndose. La clave reside en el propio diseño de la nueva redacción del artículo 20.1.

Como hemos mencionado, aunque el precepto fija una prohibición general de imponer al inquilino tributos asociados a la vivienda, introduce una salvedad: “excepto en los supuestos en los que dicha parte tenga la condición de obligado tributario”.

En este artículo explicamos que el sujeto pasivo de la tasa es el beneficiario del servicio (en este caso, el arrendatario), mientras que el propietario actúa como sustituto frente al Ayuntamiento, como establece el artículo 23.2.a) de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Al ostentar el inquilino la condición de obligado, cumple con la excepción, por lo que sigue siendo válido repercutir las cuotas.

Los límites para repercutir gastos en zonas tensionadas

No obstante, en las zonas de mercado residencial tensionado, el artículo 17.6 impide introducir “nuevas condiciones contractuales que supongan la repercusión al arrendatario de cuotas, gastos generales, servicios, impuestos, tasas, cánones, contribuciones especiales u otros conceptos análogos que no estuviesen recogidas en el contrato anterior”.

Por otro lado, el 17.7 añade otra restricción cuando, además de encontrarse la vivienda en una zona tensionada, el arrendador sea un gran tenedor. En estos casos, la renta inicial no podrá superar el límite máximo conforme al sistema de índices de precios de referencia.

El propietario tampoco podrá introducir nuevas condiciones que trasladen al inquilino cuotas, gastos, servicios, impuestos, tasas u otros conceptos que impliquen superar el límite de renta aplicable.

¿Qué gastos puede asumir el arrendatario con estos cambios en la LAU?

La norma mantiene la regla de que todos los servicios individualizados mediante contadores seguirán correspondiendo al arrendatario y ahora precisa que “los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato no podrán ser repercutidos al arrendatario, ni directa ni indirectamente, bajo ningún concepto o denominación”.

El artículo 20.1 sigue permitiendo pactar que el inquilino asuma determinados gastos generales, servicios, cargas y responsabilidades no susceptibles de individualización. Como hasta ahora, para que el pacto sea válido, deberá constar por escrito y determinar el importe anual en la fecha del contrato.

No obstante, y como una de las principales novedades, en edificios no sometidos al régimen de propiedad horizontal (como bloques de apartamentos que pertenezcan a un único propietario) la ley establece la prohibición de imputar los gastos de comunidad al arrendatario.

Por supuesto, no debemos perder de vista que estas limitaciones rigen para los alquileres formalizados después de la entrada en vigor del RDL 29/2026, ya que la disposición transitoria cuarta de la Ley de Vivienda (también modificada) precisa que, salvo en materia de prórrogas y actualización de rentas, el régimen jurídico de los contratos seguirá siendo el que estuviese vigente en el momento de su celebración.

(Jesús Prieto (Colaborador de idealista news) 8 Octubre 2026, 15:2