El Gobierno anuncia otro decreto en vivienda para julio: prórrogas de contratos y regulación del alquiler temporal
También actualiza el cuadro macro con un incremento del PIB del 2,6% para este año, por encima de todos los organismos nacionales e internacionales; y amplía el escudo social por la guerra en Irán
El Consejo de Ministros ha confirmado el nuevo cuadro macroeconómico, ha ampliado las medidas para proteger a familias y empresas de las consecuencias de la guerra en Irán y ha anunciado que durante julio aprobará un nuevo megadecreto relacionado con la vivienda.
Según ha confirmado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a lo largo de julio se aprobará un Real Decreto-ley destinado a bajar el precio de los alquileres, dar estabilidad a los contratos y combatir el fraude; y que incluirá medidas como la regulación de los alquileres de temporada y habitaciones, la prórroga de los contratos de alquiler, nuevas medidas fiscales destinadas a los propietarios que bajen las rentas (con bonificaciones en el IRPF) y la obligación de que los contratos de alquiler se realicen por escrito. Además, también incluirá medidas destinadas a impulsar la vivienda asequible, con medidas como la subida del IVA de los pisos turísticos al 21% y otras encaminadas a la agilización administrativa. Lo que no ha confirmado es si volverá a aprobar una moratoria antidesahucios.
El objetivo del Gobierno es aprobar el texto durante julio y lograr consenso en el Congreso de los Diputados, ya que, según Elma Saiz, se trata de un texto "amplio y transversal que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él. Un problema como el de la vivienda solo se puede resolver desde el acuerdo. Y si hay un motivo hoy en día para acordar es, sin lugar a duda, dar respuesta a la principal preocupación de la ciudadanía".
Conviene recordar que el Ejecutivo aprobó una prórroga obligatoria de dos años de los contratos de alquiler cuando estalló la guerra en Irán, junto con el límite del 2% en la actualización de las rentas, pero ambas medidas fueron tumbadas por el Congreso de los Diputados en abril. Tras este revés parlamentario, y tal y como había anunciado Sumar, los socios de Gobierno han dedicido retomar la iniciativa, a pesar de que insistían que la derogación parlamentaria no le restaba efectos legales y que, por tanto, los derechos de los inquilinos estaban consolidados.
- Se prorroga el plan anticrisis por la guerra en Irán
- Nuevas previsiones económicas de cara a los PGE
- Los pasos para los Presupuestos de 2027
Se prorroga el plan anticrisis por la guerra en Irán
Tal y como estaba previsto, el Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto ley para hacer frente a las consecuencias del conflicto en Oriente Medio, que incluye la prórroga del alivio fiscal a los carburantes para los hogares y la eliminación progresiva del impuesto sobre la producción de energía. Las medidas vigentes expiraban este 30 de junio y, tras la prórroga, se mantendrán activas otros tres meses adicionales.
A pesar de las negociaciones entre EEUU e Irán para acabar la guerra, el Gobierno asegura que "los precios de la energía seguirán por encima de los niveles pre-guerra durante un tiempo", de ahí que considere necesario ampliar el plazo del paquete de medidas anticrisis.
En concreto, el decreto mantiene el alivio al coste de la gasolina y del gasoil para los hogares, aunque se irá adaptando a la normalización de los mercados internacionales de los precios del crudo.
Así, se ha aprobado la reducción del impuesto especial a carburantes, con una rebaja de 15 céntimos/litro, en julio; 10 céntimos, en agosto; 5 céntimos, en septiembre. No obstante, el Gobierno ha incluido una cláusula automática, de vuelta a los 20 céntimos por litro de apoyo, en caso de que el conflicto se recrudezca y la inflación de los carburantes vuelva a disparar.
También se amplía el alivio en el carburante a los profesionales en el caso del sector primario y del sector del transporte; y, en el caso de la agricultura, se le añaden 165 millones de euros adicionales de ayuda para la compra de fertilizantes a los 500 que ya estaban disponibles.
En cuanto a la fiscalidad energética, el Ejecutivo ha anunciado la eliminación estructural progresiva del impuesto sobre la producción de energía eléctrica. Esto se hará ajustando los tipos de manera progresiva. El impuesto tenía un tipo del 7% este año 2026. En los dos trimestres que quedan ese tipo pasará a estar en el entorno del 5%, en el año 2027 en el entorno del 3,5% y en el año 2028 pasará a desaparecer.
Esta medida va a contribuir a abaratar de forma estructural a la factura de los hogares, también de los sectores productivos y de la industria, según ha argumentado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen.
Este real decreto ley también incluye la prohibición de despedir en este contexto para las empresas que accedan a las ayudas.
En total, estas nuevas medidas supondrán un apoyo adicional de 1.825 millones en términos fiscales presupuestarios para el año 2026, a los que habría que sumarles otros 2.700 millones del descenso en recaudación para el 2027 y 2028 que supone esa eliminación progresiva del impuesto sobre la producción.
Nuevas previsiones económicas de cara a los PGE
En lo que respecta a las nuevas previsiones macroeconómicas de 2026-2029, el Gobierno ha destacado que es "un paso fundamental para la presentación de los Presupuestos de 2027". De cara a este año, ha revisado al alza el crecimiento del PIB en cuatro décimas, pasando del 2,2% al 2,6%; en una décima la de 2027, hasta el 2,2%, Para 2028 y para 2029, el Gobierno prevé un crecimiento del 2,1% y del 2%, respectivamente.
La nueva previsión del Ejecutivo se sitúa a la cabeza entre las proyecciones de los principales organismos nacionales e internacionales, como el Banco de España (2,3%), la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal -AIReF- (2,4%), la Comisión Europea (2,4%) o el Fondo Monetario Internacional (FMI), que es más prudente y prevé un alza del 2,1%; medio punto por debajo de lo que calcula ahora el Gobierno.
Según ha afirmado el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, las nuevas cifras macro tienen en cuenta las medidas anticrisis aprobadas para hacer frente a la guerra en Irán y ha insistido en que la economía española está manteniendo el pulso en 2026, como demuestran "las buenas señales de crecimiento de alta frecuencia de datos de los últimos meses". De hecho, ha adelantado que el crecimiento del segundo trimestre podría estar "a la altura o incluso ligeramente por encima" del registrado en el primer trimestre (0,6%).
Según ha detallado Cuerpo, el crecimiento económico vendrá impulsado por el consumo privado y la inversión, que a su vez se verán apoyados por incrementos simultáneos de empleo y productividad; y que el repunte previsto en 2026 se sustentará únicamente en la demanda interna, mientras que la demanda externa tendrá una aportación negativa.
Por otro lado, el Ejecutivo estima que la tasa de paro bajará del 10% este año (9,9%), seis décimas por debajo de la de 2025, y se situará en el 9,4% en 2027, en el 9% en 2028 y en el 8,5% en 2029. Mientras, el déficit público seguirá su descenso hasta el 2,1% del PIB en 2026 y el 1,8% en 2027.
Los pasos para los Presupuestos de 2027
Hacienda publicó la semana pasada la orden ministerial que supone el pistoletazo de salida para la tramitación de este proyecto.
El segundo paso era la presentación del cuadro macroeconómico, que aunque está condicionado por la incertidumbre geopolítica y el impacto, especialmente en la subida de precios, de la guerra en Oriente Próximo, conlleva una mejora de proyecciones para el crecimiento de la economía española.
Tras presentar el cuadro y aclarar las medidas que se desplegarán a partir del 1 de julio, el siguiente paso de la tramitación de Presupuestos es la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para informar a las comunidades autónomas de los objetivos de estabilidad presupuestaria y el reparto del déficit que tienen que asumir las administraciones públicas. Según el ministero económico, la reunión tendrá lugar la semana que viene.
El Gobierno debe aprobar en Consejo de Ministros tanto el límite de gasto no financiero (más conocido como el techo de gasto) como los objetivos de estabilidad presupuestaria, previo informe del CPFF, para después remitir todo a las Cortes.
Esa senda de déficit deberá ser votada en el Congreso y en el Senado, aunque en esta legislatura no se ha completado nunca el ciclo. Ya para después del verano, se espera la presentación del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2027.
Algunos de los socios parlamentarios del Ejecutivo, como el PNV, ya ha encomendado al Gobierno a presentar el proyecto de cuentas públicas y, si no es capaz de aprobarlo, a convocar comicios generales.
( fuente idealista.com 03072026)
