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Un magistrado del Tribunal Supremo da las 10 medidas para poner fin a la okupación

Vicente Magro Magro asegura que lo que está ocurriendo en España con el tema de la ocupación ilegal “no lo entienda nadie en Europa ni en Latinoamérica”

España afronta en los últimos años un notable aumento en los casos de okupación ilegal de viviendas, un fenómeno que genera gran preocupación entre propietarios. La lentitud de los procesos judiciales y la dificultad para recuperar inmuebles han puesto en el centro del debate la necesidad de reformas legales y soluciones equilibradas entre el derecho a la vivienda y la protección de la propiedad privada.

Sobre ello ha hablado Vicente Magro, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, durante el Congreso Nacional de Vivienda 2025, organizado por la Complutense de Madrid, que ha asegurado que lo que está ocurriendo en España con el tema de la ocupación ilegal “no lo entienda nadie en Europa ni en Latinoamérica”. Por ello, durante su intervención ha resaltado las 10 medidas claves para poner fin a la okupación.

1. Elaborar una nueva Ley Orgánica de Vivienda: “Tenemos que desarrollar una nueva legislación que resuelva todos los problemas ocasionados por la Ley de Vivienda, porque los propietarios tienen miedo a arrendar y los inversores tienen miedo a comprar”
2. Aprobar el artículo 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: “Con esto queremos conseguir la expulsión inmediata de los okupas por juez de guardia, ni tan siquiera por el juez de instrucción. Cuando te roban el coche y lo recuperan te lo devuelven de inmediato. Sin embargo, con la vivienda no, te la pueden estar ocupando más de un año”.
3. Calificar la inquiokupación como un delito penal: “Hay arrendatarios que elaboran un contrato de alquiler falso cuando se acaba su periodo. Esto te lleva a un proceso de desahucio, donde alegarán vulnerabilidad, y hasta que la administración no le realoje, seguirán estando. Esto es un delito de estafa, lo muestra el artículo 250.1 del Código Penal”.
4. Permanecer en el inmueble tras finalizar un periodo de alquiler vacacional también es un delito de estafa: “A sabiendas que el arrendatario no se va a ir una vez finalizado el contrato de alquiler temporal, esto también deber ser recogido en el mismo artículo (250.1 del Código Penal)”.
5. La vulnerabilidad no puede ser argumento para suspender un lanzamiento de desahucio. “Hay vulnerabilidad moral y económica de los propietarios, no de los okupas. Estos tienen que pagar luz, agua, IBI, hipoteca y demás”.
6. Reformar el artículo 9 de la Ley de Vivienda: “Según este artículo, todos los ciudadanos tienen el deber de respetar la vivienda ajena, pero no incluye ninguna consecuencia. Es la primera vez que un artículo que establece un deber no incluye una consecuencia jurídica ante el incumplimiento. Yo añadiría: en caso de que no respete la propiedad ajena serán expulsados en 24 horas”.
7. Poner en marcha el registro de impagos de morosos del alquiler: “En 2013 se conformó la comisión que iba a desarrollar este registro, del que yo mismo iba a ser el presidente. Más de 12 años después, todavía no hemos hecho ninguna reunión y nos dicen que no se puede hacer porque si no la gente no va a poder alquilar”.
8. Tipificar como estafa procesal la aportación de contratos falsos de alquiler.
9. Regular el término flagrancia: “La Policía debe saber exactamente qué es flagrancia para poder desalojar en 24 horas. Tienen miedo de actuar y llegar a perder su trabajo”.
10. Legitimación de las comunidades de propietarios: “Deben poder ejercer acciones penales en materia de okupas y tener potestad”.

En una entrevista con idealista/news, el magistrado del Tribunal Supremo ya reivindicó que la necesidad de tener una vivienda no puede ser una razón o excusa para ocupar de manera ilegal la de otro ciudadano: “La responsabilidad de la vivienda social es de la administración pública”.

Además, Magro ha asegurado durante el Congreso que este problema de la okupación está llevando a los propietarios a cometer delitos también: “La lentitud judicial y la demora para recuperar sus casas está provocando que los dueños paguen a los okupas para que abandonen sus inmuebles. Esto es también un delito”.

“La okupación es muy rentable actualmente. Usurpas una vivienda y si no te pagan te quedas más de un año en ella. Se están creando grupos criminales porque hay incentivos legales para la okupación”, ha concluido el magistrado del Tribunal Supremo

(Fuente idealista.com Marcos Delgado 6 Noviembre 2025, 14:52 )

Los Administradores de Fincas demandan nuevos cambios legales para frenar la okupación

El pasado mes de enero entró en vigor la nueva Ley de medidas en materia de eficiencia al Servicio Público de Justicia que agiliza el proceso judicial en situaciones de okupación ilegal de inmuebles, ya que permite los juicios exprés.

Pese a estas nuevas medidas, desde el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid (CAF Madrid) denuncian que, “aunque este mecanismo legal significa un paso más, la solución aportada de la celebración de juicios exprés no va a resolver el problema de las okupaciones ilegales de inmuebles”.

La presidenta de la institución, Manuela Julia Martínez Torres, reclama que son necesarias más modificaciones legales: “La agilización del procedimiento judicial no es una solución en sí misma, ya que de lo que se trata es de recuperar la posesión de la vivienda de una forma urgente, mediante la adopción de una medida cautelar de expulsión y antes de que transcurra el plazo de 72 horas desde la denuncia por parte del propietario”.

Los Administradores de Fincas resaltan la labor del magistrado del Tribunal Supremo Vicente Magro, quien atendió a idealista/news y quien presentó una iniciativa para introducir un nuevo artículo en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en virtud del cual, una vez presentada la denuncia o querella, se procedería a la expulsión inmediata de los okupas, previa solicitud de esta medida cautelar.

Para Vicente Magro, “esta es la solución que resolvería el problema de la okupación, habida cuenta de que si los que están ocupando ilegalmente inmuebles son conscientes de que van a ser expulsados de forma inmediata, se paralizaría la comisión de estos hechos delictivos”. Sin embargo, añade, “si lo que se percibe es que pueden permanecer en las casas okupadas hasta el dictado de una sentencia firme, ello provocaría un retraso importante en el tiempo que perjudica notablemente a los propietarios y beneficia a quien ha cometido el ilícito penal”.

Los administradores de fincas aseguran que la okupación afecta al normal funcionamiento de una comunidad de propietarios e insisten en que la única solución es la medida cautelar de expulsión, no la que tiene por objeto la terminación de un procedimiento, puesto que no se podría recuperar la posesión hasta el dictado de una sentencia firme.

Nueva campaña antiokupación

Mientras tanto, el CAFMadrid ha lanzado una campaña, en línea con los consejos de la Policía, en la que ofrece pautas claras y prácticas que ayudan a prevenir y gestionar situaciones de ocupación ilegal en los inmuebles. 

En ella se detallan recomendaciones específicas para distintos escenarios, tales como la seguridad en edificios, medidas a adoptar durante periodos de ausencia y protocolos de actuación en caso de detectar una okupación. 

“Con esta campaña queremos fortalecer la protección de las propiedades que forman parte de una comunidad de propietarios, mediante acciones coordinadas y preventivas, garantizando una respuesta rápida y eficaz ante cualquier intento de okupación en viviendas y locales”, concluye Manuela Julia Martínez Torres. 

(fuente idealista.com 19022025)